Un patrimonio clandestino: estigma del alcohol artesanal en Chihuahua
Por Faridy Bujaidar
“El vino es la sangre de los trabajadores, lo que les da fuerza y el entusiasmo de cumplir su labor; es la compensación de su vida miserable, la fiesta a la que tienen derecho”
Michel de Certeau
La ilegalización de la producción de alcoholes en México está marcada por diferentes personajes, discursos y acciones políticas a lo largo del S. XX[1] que asocian el consumo de alcohol en espacios marginales con el atraso, la pobreza, el suicidio y la decadencia social (Armendáriz, 2013; Enciso, 2015; Macías, 1995; Autrique, 2019); no igual con el consumo de alcohol en centros urbanos. Este tipo de discursos han contribuido a la estigmatización de comunidades, los espacios que habitan y las actividades que desempeñan (García, 2024; Armendáriz, 2013). Según el testimonio de productores de alcohol y exfuncionarios municipales de Aldama, Madera y Batopilas, en Chihuahua, al menos desde la década de los 70´s, la producción de sotol y lechuguilla artesanal se desarrolló en espacios rurales recónditos de manera clandestina, ya que esta actividad era combatida por policías estatales y militares. En estos operativos, las autoridades policiacas (judicial, cordada o militares) destruían las vinatas y decomisaban el alcohol, arrinconando su producción a espacios rurales cada vez más alejados de los centros urbanos. Sin embargo, entre los años 1999 y 2002 diversas asociaciones civiles e instituciones gubernamentales[2] iniciaron la tramitación para obtener la denominación de origen del sotol, y, paralelamente a esto, los operativos policiacos contra productores de sotol y lechuguilla cesaron. A partir de entonces, el sotol y la lechuguilla han experimentado procesos valorativos diferentes relacionados con sus contextos geográficos, políticos y sociales específicos. En tanto que la denominación de origen en 2002 del sotol comenzó a visibilizar esta bebida internacionalmente como única en el mundo que es parte del patrimonio gastronómico de México; la producción y circulación de lechuguilla siguió siendo estigmatizada por medio de discursos políticos locales relacionándola con la explotación indígena, la violencia y los suicidios entre jóvenes rarámuri (Sariego, 2002; Diario de los debates, 2003; 2011; 2012).
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| Fotografía 1. Horno de cocción de la lechuguilla en la Sierra Tarahumara. Autoría propia. |
Clandestinaje del alcohol en Chihuahua
Mientras en Estados Unidos se expidió la Ley
Volstead[3]
para combatir la venta y producción de alcohol que propició su tráfico ilegal
transfronterizo (Thompson, 1979; Escohotado, 2015; Braudel,1984), en el México
posrevolucionario las acciones políticas en torno al alcohol se desarrollaron
desde una postura cientificista, fundamentadas en argumentos racionalistas e higienistas,
con tintes clasistas y racistas (Armendáriz, 2013). Las políticas públicas
sobre el tema estaban sobre todo dirigidas a la instrucción moral de los
sectores sociales más desfavorecidos, ya que la miseria era entendida como
síntoma de una enfermedad social (Macías, 1995; Armendáriz 2013); por lo que no
existió una prohibición nacional sobre el alcohol en strictu sensu[4].
Debido a esto, el estudio sobre el
clandestinaje de alcoholes en México es una labor compleja que requiere una
revisión de la historia, leyes, discursos políticos y testimonios locales, que
nos permitan comprender los fundamentos de las persecuciones y represiones
policiacas contra los productores de alcohol en el territorio mexicano, en este
caso, localidades rurales en el estado de Chihuahua. Según el testimonio de
productores y exfuncionarios municipales de Aldama, Madera y Batopilas, la
persecución policiaca contra la producción y circulación de alcohol clandestino
se remite al menos hacia la década de los 70´s, por lo que la producción de
sotol y lechuguilla artesanal se desarrolló en espacios rurales recónditos y de
difícil acceso.
La Ley de Alcoholes vigente en el estado de
Chihuahua describe al clandestinaje como el “almacenaje, venta o porte de
bebidas alcohólicas, sin contar con la licencia o permiso correspondiente
vigente, o bien que no correspondan con el domicilio del establecimiento o
lugar señalado en la licencia o permiso” (Ejecutivo estatal, 2017), por lo que
la producción de sotol y lechuguilla artesanal es considerada una actividad
clandestina por no contar con los permisos correspondientes para su
manufactura, es decir, por su comercialización informal en el estado.
La “Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos
en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas” en el
estado de Chihuahua se impide el funcionamiento de estos negocios en comisarías
o secciones municipales donde el número de habitantes sea inferior a dos mil, facultando
a las autoridades para clausurar y decomisar bebidas alcohólicas a quienes ‘vendan,
distribuyan o consuman’ sin estar autorizados (Ejecutivo Estatal 1993); por lo
que la persecución a productores de alcohol en Chihuahua se deriva de una
prohibición parcial dirigida al combate del comercio informal y a su
circulación en localidades en veda, consideradas así por tener menos de dos mil
habitantes, es decir, pequeñas localidades y rancherías ubicadas en zonas
áridas y serranas, espacios marginales con accesos tecnológicos muy limitados y
en contextos adversos, ampliando las distancias entre las instituciones con las
poblaciones campesinas históricamente marginadas.
Estigma del sotol y la lechuguilla:
etnicidad, ruralidad y narcotráfico
Las
zonas donde se produce alcohol artesanal en el estado de Chihuahua comparten
espacios para el desarrollo de otras actividades del campo como la siembra y la
ganadería, y en algunos de estos espacios, la siembra de mariguana y amapola ha
sido parte importante de los sistemas económicos complementarios; por lo que el clandestinaje de alcohol, así como la
criminalización de actividades agrícolas como la siembra de mariguana y amapola
estigmatizan a poblaciones rurales, referenciándolas constantemente de manera
negativa, mientras que sus espacios vitales son considerados como sitios donde
se debe practicar la ley, propiciando el despliegue de operativos policiacos.
Esta postura criminaliza a las poblaciones omitiendo aspectos estructurales
fundamentales como la falta de accesos a servicios públicos básicos y las escasas
opciones de desarrollo económico. Aunque las actividades en estos espacios se
ajustan a necesidades apremiantes de las poblaciones que aseguran su
supervivencia económica y política, el control policial y su violencia es
legitimada socialmente por proceder del estado, mientras que las respuestas
violentas de las poblaciones criminalizadas son consideradas ilegítimas (Das,
2004); paralelamente a este tipo de posturas políticas, España ha visto en la
amapola un cultivo con atractivo turístico para reactivar la economía de
pequeñas localidades (Vrbo, 2024).
Con esto, no quiero justificar ninguna forma
de violencia, pues considero que cada persona toma decisiones sobre su vida
(García, 2024), pero también es necesario hacer visibles aspectos políticos y
económicos que permean en las subjetividades locales, que convierten a ciertas
formas de violencia en aspectos estructurales que no se resolverán de manera
represiva. Por ejemplo, una parte de la producción de
lechuguilla se desarrolla en la región conocida como el triángulo dorado[5],
caracterizada por ser la región más importante del narcotráfico en México,
ubicado en la zona montañosa que divide a los estados de Chihuahua, Sinaloa y
Durango y que es habitada por grupos indígenas y mestizos, contribuyendo a la creación de una cultura criminal permeada por la
clandestinidad, la violencia y la desconfianza hacia las instituciones, relegando aún más a las
poblaciones campesinas históricamente marginadas.
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| Fotografía 2. Restos de mariguana en una cueva usada para su secado y ocultamiento. Autoría propia. |
Frecuentemente hablar de la Sierra Tarahumara, implica hablar de narcotráfico y cultura de la violencia, armas, homicidios, venganzas, consumo de alcohol y “en general, un clima de delincuencia que retratan interminablemente los narcocorridos serranos” (Sariego 2002:218). Mientras que la popularización del narco y su consecuente ola creativa expresada en diferentes industrias comerciales resalta y exotiza la violencia, el horror, el desmembramiento y el dolor (Santos, Urgelles y Vázquez, 2021), a la vez que en ámbitos políticos internacionales el “narcoterrorismo” toma cada vez más fuerza como discurso que pretende legitimar ataques violentos entre países[6].
Goffman (2006) en su trabajo sobre el estigma, señala
que una de las pautas en las carreras morales accesibles a los estigmas, tienen
que ver con un carácter innato que es socializado en una situación de
desventaja que se reproduce a través del aprendizaje, incorporando los
estándares en los cuales fracasan. En su análisis, el problema fundamental de
los grupos estigmatizados es su lugar en la estructura social, donde las
eventualidades que enfrentan en la interacción son solo una parte del problema
que no puede entenderse sin el estudio de la historia, al desarrollo político y
a las estrategias del grupo estigmatizado.
Sobre esta problemática, son pocos los
estudios que analizan a la producción de alcohol y a la siembra de marihuana y
amapola como actividades criminalizadas, es decir, que son construidas así por
el estado por medio de discursos prohibicionistas bastante cuestionables, pero
que impulsan, justifican y legitiman el ejercicio de una violencia sistemática contra
habitantes de espacios específicos donde se desarrollan estas actividades. Como
ejemplos que trascienden por su impacto social, tenemos a la operación
cóndor[7]
(1975-1978) y la guerra contra el narcotráfico[8] (2006), eventos que marcaron la vida de muchas
personas en diferentes sectores del estado de Chihuahua bajo el argumento de
combatir el narcotráfico. Aunado a esto, desde la clase política estatal han
surgido discursos que estigmatizan a los diversos sectores rurales y a sus
habitantes, así como algunas de sus expresiones culturales frecuentemente
asociadas a la criminalidad y a la violencia como un atributo estructural
(Goffman, 2006) desvalorizando sus actividades y modos de vida, legitimando la
desigualdad y la exclusión que se ejercen desde diferentes espacios políticos
(García, 2024).
En el Congreso del Estado de Chihuahua, son
repetidos los discursos que estigmatizan el consumo de alcohol en espacios
rurales solicitando la intervención del estado con el propósito de elaborar
diagnósticos sobre las causas de suicidio entre jóvenes rarámuri; para
implementar programas para atender problemas de drogadicción y alcoholismo en
indígenas; e incluso, para penalizar el clandestinaje de alcohol llevado a cabo
en espacios rurales. A continuación, expongo tres propuestas de distintos
legisladores y facciones parlamentarias del congreso del estado para analizar
percepciones y estigmas sobre el consumo de alcohol relacionándolo con la
etnicidad, la ruralidad y la pobreza.
Entre los años 2002 y 2003, en la
localidad de Turuachi, de Guadalupe y Calvo, se desencadenó una serie de
suicidios de jóvenes rarámuri, lo que ocasionó una serie de discusiones en el
Congreso del Estado de Chihuahua. En octubre de 2002, el diputado Héctor
Barraza Chávez solicitó un punto de acuerdo para operar sobre el incremento de
adicciones en zonas rurales del estado. Describe que, en los municipios de la
sierra, el alcoholismo es asociado con graves problemas de marginación y el
consumo de otras drogas:
Aunque reconocemos la
lacerante realidad que prevalece en nuestros municipios serranos y reconocemos
la característica de drogas legales que tienen las bebidas alcohólicas; no
podemos ignorar los estragos que como consecuencia traen... y no podemos ignorar
para la población... que vaya en el sentido de que no otorguen más licencias...
-perdón- y no podemos ignorar los estragos que como consecuencia traen para
quienes las usan de manera continua. Así como no podemos dejar de estremecernos
ante la noticia manejada por los medios de comunicación sobre los hechos que se
han suscitado en el Municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sección Municipal de
Turuachi, donde en poco más de un mes han aparecido ahorcados cuatro menores de
edad que al parecer se han suicidado y donde otros más han intentado hacerlo
[…] En pláticas con las autoridades y vecinos de ese municipio hemos podido
corroborar la versión que da la prensa en el sentido de que el alcoholismo es
la principal causa de desintegración familiar y que sin duda pudo haber sido un
factor fundamental para orillar a estos infantes a tomar una determinación de
ese tamaño (Diario de los debates, 2002).
Siguiendo esta idea, el diputado solicitó
la elaboración de un diagnóstico sobre la conducta suicida en la región. Meses
después sobre esta discusión, el diputado Rubén Aguilar recomendó al secretario
general de gobierno suspender temporalmente el funcionamiento de
establecimientos con licencia de venta de bebidas alcohólicas en Turuachi. La
asociación del suicidio con el consumo de alcohol por parte de legisladores
locales invisibiliza aspectos estructurales de las poblaciones serranas, como
lo es la presencia de grupos criminalizados[9], donde son pocas las oportunidades de desarrollo económico y los
accesos a servicios básicos de salud, agua potable, educación, etc.
En octubre de 2011, un grupo parlamentario de Nueva
Alianza presentó una iniciativa para exhortar al ejecutivo del estado para
implementar programas que atiendan a jóvenes y adultos indígenas en condición
de alcoholismo y drogadicción, relacionando este problema con el fracaso de los
programas dirigidos a la población indígena:
Hay quienes dicen que son flojos,
borrachos, irresponsables, ladrones y muchos calificativos más ofensivos y
denigrantes. ¿Pero quién re…quién realmente conoce el porqué de su manera de
actuar? Los antropólogos, los sociólogos y otros que escriben sobre los
indígenas del Estado, creemos que deben investigar más a fondo el proceso de
enviciamiento que afecta la condición social y cultural de los pueblos
indígenas y proponer alternativas que les permita una mejor vida […] se empezó
a elaborar la lechuguilla, bebida alcohólica, bastante nociva, casi tanto como
el alcohol, la comercialización de estos productores ha sido en forma
clandestina, ya que no existe un permiso legal para su distribución en
comunidades indígenas […] la venta de ve… del vino, de licores, de
aguardientes, cerveza, se encuentra en expendios autorizados, sobre todo en las
poblaciones principales de la región serrana y de éstos salen en forma
clandestina a otras poblaciones más pequeñas […] el auge de empleo ilícito ha
generado una derrama económica considerable, ya que los que se dedican a
emplear a indígenas en estos trabajos, la mayoría de las veces les pagan con
alcohol o tóxicos, originando con esto el… el consumo indiscriminado del alcohol
y tóxido… tóxicos en jóvenes y adultos indígenas (Diario de los Debates, 2011).
Aunque la propuesta de programas que atiendan el
alcoholismo entre indígenas puede generar algo positivo, su implementación no
basta. En el discurso de esta facción parlamentaria, se describe a la
lechuguilla como una bebida bastante nociva, descalificándola por su estatus de
clandestina, mientras que la embriaguez del indígena es asociada con su
explotación racial. Este tipo de discursos desvalorizan y polarizan a las
poblaciones serranas por su etnicidad y sus formas de vida, en vez de
cuestionar aspectos estructurales que los propician. Según Goffman (2006) las
normas sociales tienen influencia sobre la integridad sicológica de los
individuos, y no basta el mero deseo de obrar siempre bien, sino que en muchos
casos las personas no tienen control inmediato sobre las condiciones que
infringen las normas: “es un problema que atañe a la condición del individuo,
no a su voluntad” (Goffman, 2006 p. 151).
Otro ejemplo de este tipo de discursos, se dio en
diciembre de 2012, cuando la diputada Guadalupe Rodríguez presentó una
iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua donde solicita tipificar el
clandestinaje de alcohol en el código penal para “obligar a quienes no se
someten a las leyes del estado a respetar los valores cívicos, los principios
de la cultura de la legalidad y el bienestar colectivo […] que dañan y permean
directo a los sectores más débiles de la sociedad que son los menores de edad”
(Diario de los Debates, 2012). La diputada también pide “tomar medidas más
severas […] para que quienes hacen de la venta ilícita de bebidas alcohólicas
un modus vivendi tomen en cuenta que las consecuencias de su conducta
perniciosa trae consecuencias” (Diario de los Debates, 2012), explicitando su
preocupación por la inobservancia de la veda “en comunidades serranas o rurales”
donde “la venta de bebidas alcohólicas es una actividad prominente” que pone en
riesgo “la seguridad de pequeñas comunidades” (Diario de los Debates, 2012).
Aunque esta propuesta no fue aprobada, la intención de penalizar el
clandestinaje de alcohol, haciendo énfasis en las comunidades rurales y
serranas, deja ver una visión dual entre lo rural y lo no rural, requiriendo la
intervención represiva del estado, como si el estado y estas comunidades
persiguieran fines opuestos (Das, 2008), evidenciando también el estigma
reproducido por parte de algunos miembros de la clase política.
A modo de conclusión, el clandestinaje y criminalización de alcohol, marihuana y amapola
contribuyeron a la estigmatización de personas, espacios y expresiones
culturales en localidades rurales de Chihuahua, justificando así el uso de
violencia represiva por parte de autoridades policiacas de manera sistemática
por medio de discursos prohibicionistas. Específicamente el clandestinaje de
alcohol era perseguido ya sea, por su circulación informal, o al ser circulado
en municipios en veda por no exceder los dos mil habitantes: el estigma
contribuyó a la desvalorización de actividades y
modos de vida en la ruralidad chihuahuense, agrandando las distancias
sociales entre las realidades urbanas y rurales, separadas por la violencia, el
miedo y la desconfianza.
En el año de 1999 las políticas públicas marcaron un
hito deteniendo los operativos policiacos contra el clandestinaje de alcohol en
Chihuahua. Aun después del cese de los
operativos, en el Congreso del Estado se vinculaba su consumo al suicidio, la
toxicidad y el sometimiento indígena, polarizando a las poblaciones indígenas y
mestizas de las localidades serranas sin observar aspectos estructurales como
lo son la falta de acceso a servicios básicos, legitimando
la desigualdad y la exclusión ejercidos desde diferentes espacios políticos en
nombre a la etnicidad, la ruralidad y la pobreza (García, 2024).
Páginas
consultadas:
Vrbo. Conoce los
campos de amapolas durante los meses de abril y septiembre. Consultado el 14 de
julio de 2024. Disponible en: https://www.vrbo.com/es-es/guias-de-viaje/tipos-de-vacaciones/por-temporada/primavera/campos-de-amapolas-descubre-los-rojos-campos-en-abril-y-septiembre
Leyes citadas:
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estatal del Estado de Chihuahua. Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 101 del 20 de diciembre de
2017. Disponible en: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1347.pdf
México. Ejecutivo
estatal del Estado de Chihuahua. Ley que regula el funcionamiento de
establecimientos en los que se expenden, distribuyen o ingieren bebidas
alcohólicas. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 73 del 11 de
septiembre de 1993. Disponible en: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/legislacionAbrogada/archivosPdf/9.pdf
Material de archivo digital:
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[1] Plutarco Elías Calles anunciaba
que “una de las causas de la decadencia de los pueblos ha sido el uso de las
bebidas embriagantes que además de producir aniquilamiento físico y la
perversión moral del individuo, es también uno económico” (Armendáriz, 2013 p.
106); Portes Gil afirmaba que “destruye la fuerza física y moral de (los)
hombres, termina con la felicidad conyugal y, a causa de la degeneración que
inflige a nuestros hijos, aniquila toda posibilidad patria de un futuro
grandioso para la de los principales factores del malestar” (Armendáriz, 2013
p. 58); en Chihuahua, Silvestre Terrazas proclamaba el cierre de Tabernas para
disminuir la criminalidad, mientras que Enrique Creel era llamado el “Apóstol
infatigable de la temperancia y adversario resuelto del alcoholismo”, pese los
Terrazas y Creel era propietarios de la planta cervecera de Chihuahua (Armendáriz, 2013 p. 21).
[2] Asociación
nacional de productores de sotol, A.C. (delegaciones Coahuila, Chihuahua,
Durango), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado de
Durango, Gobierno del Estado de Chihuahua, Gobierno del Estado de Coahuila,
Instituto Coahuilense de Ecología, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP), Productores de maguey y sus derivados, Secretaría de Economía
(dirección general de normas), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (delegación Coahuila, Chihuahua, durango), Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Regional
del Norte (Diario Oficial de la Federación, 2004).
[3] Afamada ley penal
que entró en vigor en EU en 1920 (Thompson, 1979).
[4] En el periodo revolucionario
se desplegaron algunas iniciativas prohibicionistas de corta duración, como la
ley seca impulsada en 1915 por Plutarco Elías Calles como gobernador de Sonora para
perseguir a productores de bacanora y otras bebidas destiladas en dicho estado.
durante esos años circuló en
distintos medios que los traficantes de alcohol eran fusilados, aunque el
decreto no condenaba a muerte a los infractores (Macías 1995). En Chihuahua, cuando
Francisco Villa fue gobernador (diciembre-enero 1914) estableció una ley seca
para el ejército rebelde bajo pena de fusilamiento, persiguió a productores
clandestinos y “destruyó las vinatas que tenían permisos especiales” (Taibo,
2006:224), más allá de esto, resulta difícil hablar de una prohibición de
alcoholes significativa en México a lo largo del s. XX.
[5] Zona conformada entre los límites de los estados de
Chihuahua, Sinaloa y Durango, conocida por el cultivo de mariguana y amapola
[6] Este mismo discurso lo ha retomado
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para justificar acciones represivas del
estado, incluyendo el ataque a la embajada de México en ese país.
[7] Fue una estrategia militar
antidroga comprendida entre 1975 y 1978 dirigida a la destrucción de cultivos
de mariguana y amapola en la localidades productoras entre los límites de los
estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango (Moloeznik, 2008). En la
práctica, los militares ejercieron exceso de violencia que incluyo desaparición
de personas, tortura y detención de campesinos y otras personas locales sin
órdenes de aprensión según el testimonio de diversas personas a las que
entrevisté durante mi trabajo de campo.
[8] Una de las principales coyunturas
de la violencia se ubica en 2008, después del inicio de la política de guerra
del gobierno contra el narcotráfico, durante la administración de Felipe
Calderón (2006-2012). En ese año, el número de muertes violentas se incrementó
de manera abrupta e irrumpió sobre el sostenido descenso que se experimentaba
desde 1990 (García, 2024)
[9] Con este término no pretendo
justificar las acciones criminales llevadas a cabo en la sierra, sino que
pretendo visibilizar su construcción como un proceso histórico, político y
económico que ha agudizado los vórtices de violencia que se viven en la región.
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